Luxemburgo se convertirá en el tercer país de la UE en legalizar la eutanasia

A pesar de la oposición de su monarca, el principal partido de la oposición, la mayoría de la profesión médica y gran parte de la población

 

 

Enrique Nassau se niega a avalar la ley de la eutanasia

Enrique Nassau se niega a avalar la ley de la eutanasia

El proyecto de ley que despenaliza la eutanasia bajo determinadas condiciones en Luxemburgo será adoptado definitivamente en segunda y última lectura este mes de diciembre, a pesar de la oposición que han mostrado el monarca -el Gran Duque Enrique-, el principal partido de la oposición -socialcristiano-, la mayoría de la profesión médica del país y gran parte de la población luxemburguesa.

Con una ajustada mayoría de 30 votos a 26, el proyecto de ley fue aprobado en primera lectura el 19 de febrero, con el respaldo de los diputados socialistas y de miembros de la oposición liberal y de los Verdes, y, tras un largo debate parlamentario desde el año 2001, Luxemburgo se convertirá en el tercer país de la Unión Europea que legaliza la eutanasia, después de Bélgica y Holanda, donde es legal desde el año 2002.

La ley determina unas circunstancias que despenalizan que un médico induzca la muerte de una persona: que el paciente sea mayor de edad o menor emancipado, con un diagnóstico irreversible y un sufrimiento físico o psíquico “constante e insoportable sin perspectiva de mejora” y que exponga de manera voluntaria y reiterada, sin presión externa, su deseo de morir.

El texto establece la obligación del médico de informar adecuadamente al enfermo de su situación y sus posibilidades terapéuticas y consultar a otro profesional sobre el carácter grave e incurable de la afección. También instaura el ‘testamento vital’, en el que el enfermo hará constar por escrito su voluntad y que se archivará en un registro controlado por la Dirección de Salud Pública.

No sancionará la ley por razones de conciencia

Al acercarse el momento de la votación definitiva del proyecto, el Gran Duque Enrique de Luxemburgo ha comunicado esta semana a los líderes parlamentarios que no sancionará la ley de la eutanasia porque ello violaría su conciencia.

Para evitar una crisis constitucional, el primer ministro, Jean-Claude Juncker, ha propuesto reformar la Carta Magna y reducir el poder del jefe de Estado, que tiene que sancionar y promulgar las leyes que adopte el parlamento. El próximo martes 9 de diciembre, el Parlamento prevé aprobar esa modificación constitucional para que sólo las tenga que promulgar.

El mismo primer ministro ha declarado que “con matices, yo tengo los mismos problemas”, y su partido ha expresado el temor a una “banalización del acto de la eutanasia” con la nueva ley, pero ha añadido que “si la Cámara de Diputados ha votado una ley, la ley tiene que entrar en vigor”.

El ministro de Justicia de Luxemburgo, Luc Frieden, ha declarado que el Gran Duque “no participará más en el ejercicio del poder legislativo; a partir de ahora va a firmar la ley simplemente para constatar el cumplimiento del procedimiento”.

Según Frieden, “el Gran Duque estima que al sancionar la ley, debe hacer suya la voluntad expresada por el parlamento y así dar su acuerdo a estos textos” y el gobierno propone como solución evitar que el Gran Duque tenga que expresar una opinión y se vea metido en el debate político retirándole el poder de sancionar la ley”, ha añadido.

Precedentes: Balduíno y la Gran Duquesa María Adelaida

La negativa del Gran Duque de Luxemburgo a sancionar la ley de la eutanasia recuerda la actitud de su tío, el rey Balduino de Bélgica, quien en el año 1990 se negó a sancionar la ley que legalizaba el aborto, también por razones de conciencia. Entonces, el monarca abdicó durante un día y medio, tiempo en que el Consejo de Ministros sancionó el nuevo texto del Código Penal.

También la de la jefa de Estado que Luxemburgo tenía en el año 1919, la Gran Duquesa María Adelaida, que abdicó para defender a los católicos de una ley que limitaba la influencia de la Iglesia en la enseñanza, aunque un referéndum confirmó la monarquía constitucional.

En España, igual que en Luxemburgo, el rey debe sancionar las leyes como último paso para su aprobación. Cuando en el año 2005, se le preguntó a Juan Carlos I si haría algo similar a lo que hizo el rey belga ante la ley del matrimonio homosexual, el monarca respondió que él es el rey de España, “no el de Bélgica”.